SUMMARY
El objetivo de la protección jurídico-administrativa de los particulares pone en cuestionamiento el diseño y coherencia del sistema de recursos con el que se cuenta en sede administrativa para hacer frente a las decisiones de la Administración. El presente trabajo busca responder sobre la utilidad actual que tienen los recursos administrativos examinando su diseño normativo y confrontándolo con la finalidad de propender al autocontrol de la Administración y el objetivo de brindar una protección eficaz del particular teniendo como marco la regulación básica contenida en la Ley 19.880. El examen realizado y las conclusiones que se extraen tienen como eje central el «derecho a recurrir» que coloca al ciudadano-administrado en una situación jurídica activa frente a la Administración.