SUMMARY
En este trabajo se analizará de forma crítica cómo la demanda social vehiculizada por el colectivo de mujeres y convertida en ley vigente por el Congreso fue reconocida e internalizada por la Universidad en ejercicio de su autonomía, realizando una caracterización histórica de los hechos y dando cuenta de las conquistas y desafíos de implementación de un programa tan complejo frente a la institución universitaria, en relación dialéctica con una estructura económico social cimentada en la explotación de clases y el despojo del valor económico del trabajo reproductivo de las mujeres y su expulsión del mercado de trabajo. Guiará este trabajo la afirmación de que la institucionalización de políticas de género es una etapa en la política universitaria nacional de reconocimiento de los derechos de las mujeres entérminos de conquistas y no de alienación (Lefebvre, 1961; 2017 [1968]) en la que se manifiesta la autonomía de la Universidad, que es subsiguiente a la caracterizada por un giro “neointervencionista” (Suasnábar, 2011), y que tiene la particularidad de la consolidación de las relaciones entre las universidades en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional y el alcance de consensos y formación de redes de trabajo para el reconocimiento de Derechos Humanos en las instituciones que lo componen. Para contrastar la hipótesis de trabajo se realizará un relevamiento normativo que permita dar cuenta de la historicidad del fenómeno en estudio a través del reconocimiento de las normas institucionales y su evolución, al mismo tiempo que se recurrirá a un abordaje etnográfico vehiculizado a través de entrevistas en profundidad a integrantes y capacitadoras del Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se identifica una nueva etapa de la política universitaria argentina iniciada en 2018-2019 y que será aquí llamada “deemergencia feminista” y se caracteriza por: a) el ejercicio de la autonomía universitaria para la adopción de políticas institucionales desde un modelo de derechos; b) la tranversalización de la perspectiva de género en la institución universitaria a través de acciones de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia sexista, y cambio curricular; c) un Estado que en un inicio aparece como un actor paralelo pero que, con el correr del tiempo, ve en la Universidad una alianza para cumplir sus propias obligaciones legales.