SUMMARY
El proceso judicial transicional en Colombia, regulado por la ley 975, al no dar los resultados esperados, ha aplazado las expectativas de justicia de las víctimas del conflicto armado. La ley 1592 que fue sancionada con el ánimo de agilizar el trámite ante los tribunales de Justicia y Paz, y así cumplir con las obligaciones estatales, a pesar de la reforma, consagra en su artículo 23 la prohibición al Magistrado de Justicia y Paz de tasar los daños de las víctimas lo que, a nuestro juicio, vulnera flagrantemente la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano. Al respecto, el presente análisis plantea una discusión acerca de la inconstitucionalidad de la norma anotada.