SUMMARY
El presente trabajo busca mostrar en qué medida la exigencia social por más sanción de los delitos empresariales refleja carencias del sistema penal chileno y cómo esas carencias obedecen a una clara intención del legislador en mantenerlas. A la vez, se observa cómo reacciona el Ministerio Público ante esta exigencia pública, utilizando las herramientas que tiene a la mano, recurriendo a tipos penales secundarios e investigando por hechos no centrales al problema original, sin obtener buenos resultados y muchas veces sobreutilizando la prisión preventiva. Para esto, se revisan los casos de la colusión de las farmacias, sobre la impunidad penal de los atentados a la libre competencia; de Celco y Freirina, sobre la ausencia de un Derecho penal medioambiental; la mina San José, sobre la ausencia de un Derecho penal laboral; ADN-Nutricomp, sobre la reacción de la jurisprudencia ante problemas dogmáticos propios de la actividad empresarial; Lan y D&S-Falabella, sobre la impunidad en la práctica del uso de información privilegiada; lucro en las universidades, sobre la ausencia de una figura de administración desleal; así como referencias a los casos Inverlink, La Polar y al cohecho entre privados.