SUMMARY
Este artículo examina la regulación del control de identidad en Chile recogido en el artículo 85 del Código Procesal Penal y en el artículo 12 de la Ley 20.931, tanto en su formulación actual como en la propuesta de reforma legal presentada por el presidente Sebastián Piñera en el año 2019. El objetivo es analizar su conformidad con las obligaciones internacionales adquiridas por Chile en diversos tratados de derechos humanos. El artículo explica que la regulación actual y la propuesta de ampliación de las facultades policiales suponen una vulneración de las garantías de libertad personal y libertad de movimiento o circulación, privacidad y no discriminación, como también las garantías particulares que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes.