SUMMARY
América Latina no ha sido ajena a situaciones de conflicto armado u otras situaciones de violencia. Dichas situaciones nos exigen análisis con enfoques teóricos, así como prácticos. Un factor esencial en estos análisis ha sido -y continúa siendo- la necesidad de asegurar la compatibilidad de los ordenamientos jurídicos nacionales con el Derecho Penal Internacional, con el fin último de luchar contra la impunidad y prevenir la comisión de crímenes internacionales. Ello se traduce en la necesidad de llevar a cabo una implementación integral de las obligaciones emanadas de los tratados relevantes sobre la materia ratificados por los países. Este factor puede garantizar que los países de la región tengan las herramientas jurídicas adecuadas para realizar una debida calificación jurídica de las situaciones de conflicto armado de violencia que puedan ser consideradas como crímenes internacionales y delitos relacionados con el uso de la fuerza por parte de autoridades del Estado; para proceder a una aplicación del marco jurídico respectivo según las características que se reúnan en un contexto y tiempo específico; y para poder judicializar las conductas respectivas con tipos penales que atiendan tanto a la naturaleza de los hechos como al contexto en el que los mismos se llevan a cabo. De este modo, el artículo incluye un análisis del estado de la implementación de las obligaciones internacionales de Colombia, Perú y Venezuela en materia de crímenes internacionales, así como, donde es relevante, de los delitos relacionados con el uso de la fuerza por parte de autoridades del Estado. Con ellos, se busca constatar los aciertos y los vacíos normativos, las prácticas legislativas en la forma de implementación, así como los aportes jurisprudenciales que han complementado los marcos jurídicos existentes.