SUMMARY
Este artículo reflexiona sobre dos aspectos centrales el caso Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: por un lado, la importancia del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado Uruguayo y, por otro, el papel de la justicia penal en la decisión. El reconocimiento estatal de responsabilidad, sostiene el autor, revela la existencia de un nuevo piso de marcha para debatir sobre el pasado violento y las necesidades actuales de la democracia, y es el prisma a través del cual se deberían comprender las demás conclusiones del fallo. Con relación al tratamiento otorgado a la justicia penal en la sentencia, en particular en lo relativo a la validez de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, el autor señala que ello ratifica la vigencia del debate sobre el lugar del castigo penal en las transiciones tardías y sobre los límites del tribunal interamericano frente a decisiones mayoritarias de las comunidades nacionales, de cara al cual la decisión de la Corte no puede ser evaluada adecuadamente con prescindencia del contexto histórico y normativo en el cual se inscribe.