SUMMARY
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos. España, adoptando las recomendaciones del GAFI y a partir de lo dispuesto en las directivas comunitarias existentes en la materia, considera a los abogados, bajo ciertas circunstancias, como sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, "la Ley").