SUMMARY
En Colombia la guerra civil no estaría justificada en desacuerdos estructurales entre las partes, al menos en lo relacionado con las soluciones al problema agrario. El artículo lo demuestra analizando el Punto Uno del preacuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana, denominado “Política de desarrollo agrario integral”. La hipótesis a probar consiste en que el eje central del preacuerdo tiende a fomentar y proteger al minifundio como modo eficiente de explotación de la tierra y, por esta ruta, a perpetuar la pobreza rural manteniendo intacta esta causa objetiva de la violencia política. Primero, el artículo analiza y sintetiza el texto del preacuerdo comparándolo con las disposiciones contenidas en las Leyes agrarias 200/36 y 135/61, buscando precisar sus puntos de contacto más relevantes. Segundo, conceptúa comparadamente que no se observan diferencias cualitativas ni cuantitativas entre lo acordado entre Gobierno y FARC y la estructura normativa y conceptual del reformismo agrario vigente en Colombia desde comienzos del siglo XX. Y, finalmente, formula algunas conclusiones y recomendaciones sugiriendo que el preacuerdo agrario confirmaría que las partes en conflicto habrían luchado por decenas de años estando de acuerdo en que deben seguir practicando todo lo que ha fracasado en política agraria conduciendo a la guerra para, por esa misma ruta, terminarla.