SUMMARY
El artículo examina la legislación que el Estado argentino aplicó sobre un sector de la clase trabajadora empleada en reparticiones y empresas públicas a fin de “depurarla” ideológicamente. Las leyes de prescindibilidad de los años 1973 y 1976 y las de seguridad nacional de los años 1974 y 1976, que derivaron en cesantías, bajas, despidos o renuncias forzadas ofrecieron el encuadre legal y la legitimidad necesaria para llevar adelante ese control y persecución. Se propone en este texto un análisis centrado en la utilización que hicieron de estas normativas distintos regímenes constitucionales y de facto. Si en los años de gobierno peronista (1973-1976) la expulsión se destinó a quienes mostrasen un alto grado de autonomía política y sindical, como el caso testigo que se indaga de las Industrias Mecánicas del Estado (IME); a partir de la etapa de última dictadura militar (1976-1983), esto se combinó fuertemente con la coacción física, al punto de convertirse en antesala de la desaparición forzada de numerosos activistas.