SUMMARY
En febrero de 1781 el gobierno ilustrado inició una serie de medidas para prohibir los enterramientos en las iglesias y reintroducir la práctica de inhumar en cementerios apartados de la población. Desde el Consejo de Castilla se solicitó el parecer de los obispos de las 56 diócesis de la Península, y las islas Baleares y Canarias. La mayoría de los obispos asumieron los principios higiénico-sanitarios de los gobernantes y la existencia de normas canónicas muy antiguas en favor de los cementerios. Sin embargo muchos de ellos advirtieron de la dificultad de financiar su construcción y su temor por la disminución de los ingresos de los párrocos por derechos de sepultura. Las opiniones de los obispos estuvieron condicionadas más que por su adscripción ideológica (círculo de Mayoral, «jansenistas»), por la situación socioeconómica de sus diócesis (periferia geográfica frente al interior peninsular) y su posición personal ante las autoridades (Toledo, Barcelona, Tarazona, Orense, Osma, Málaga...).