SUMMARY
El Estado dotó a los empleados del monopolio real del tabaco de un régimen de privilegio con el doble propósito de facilitarles el ejercicio de sus funciones y, sobre todo, de estimular el servicio en la Renta mediante unas compensaciones económicas —y también sociales— que no repercutían en las finanzas reales sino que se trasladaban al conjunto de la masa social no privilegiada. El privilegio de estos empleados de la Real Hacienda fue controvertido, puesto que si bien suponía un perjuicio para el bien común, suponía también un ahorro de costes muy importante para el aparato recaudatorio del Estado.