SUMMARY
Este artículo tiene presente las distintas investigaciones socio-jurídicas e interdisciplinarias, que realizamos sobre la organización judicial, donde fueron apareciendo los obstáculos para acceder a la justicia, no solo de las personas pobres, que tienen escaso “capital social y económico” sino también de aquellas personas que han sido visibilizadas por el derecho a través de la sanción de leyes nacionales y provinciales como las de violencia familiar o de protección y prevención de la niñez, pero que a la hora de reclamar ante la administración de justicia, sus derechos se tornan inalcanzables en el tiempo o insatisfactorio el tratamiento por falta de recursos materiales y/o humanos.Por lo tanto, partimos del siguiente interrogante ¿cuáles son las razones que “desdibujan” el acceso a la justicia? Para responder a esta pregunta vamos a describir situaciones donde las normas establecen derechos protectivos y preventivos que en la práctica no se cumplen, ya sea por falta efectiva de recursos materiales o por lenidad de los operadores jurídicos. Analizaremos algunos casos referidos a las leyes de violencia familiar y/o de los derechos de la niñez. Cuando las leyes no se cumplen, o se interpretan con alcances diversos ante situaciones semejantes se traduce en denegación de justicia a través de un “acceso” deficiente. No se trata solo de acceder a la justicia, sino de permanecer dentro de la organización hasta obtener un resultado ajustado a lo esperado de acuerdo a la ley.