SUMMARY
La Constitución de 2008, ingresa al Ecuador en el mundo de los principios, lo cual conduce a la “constitucionalización del Derecho”. Con la presencia intempestiva del COVID-19, las instituciones públicas tuvieron que cambiar sus planes y programas, por lo que, para enfrentar el problema, realizaron acciones urgentes justificadas en los derechos a la vida y a la salud. La Contraloría, como consecuencia, emitió informes de responsabilidades, que comprometen a las autoridades involucradas por la presunta inobservancia de los procedimientos de contratación pública. Pretende entonces este trabajo, analizar, a través de una investigación documental y bibliográfica, si el organismo contralor, actuó dentro del margen que le otorgan la legitimidad y la juridicidad. A esos efectos, se traen a colación casos concretos que cristalizan la actividad del órgano supervisor, lo que conducirá finalmente, a proposiciones tendentes a armonizar la actuación del ente contralor con la vigencia de los derechos fundamentales.