SUMMARY
Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 hasta las recientes crisis de refugiados en la UE, las distintas fases del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) han propiciado continuas excepciones radicadas en seguridad, limitando gravemente los derechos de los solicitantes de protección internacional. Las políticas de seguridad nacionales en el ámbito del asilo se han ido conectando cada vez más al procedimiento de tramitación y, en su caso, de reconocimiento del estatuto de protección internacional. A priori, este nexo causal puede criminalizar a un colectivo especialmente vulnerable, desvirtuando el “mínimo denominador común” de la normativa comunitaria, lo que ha generado que el actual marco jurídico resulte especialmente fragmentado, incoherente e incluso, contrario al propio espíritu del SECA cuando la efectividad del mismo pivota en torno a la seguridad nacional.La inminente reforma del SECA pretende proporcionar verdaderas mejoras en la relación seguridad nacional y protección internacional. Se prevé una progresiva traslación de los problemas competenciales relativos a la seguridad desde el seno de los Estados miembros hacia el ámbito comunitario abordando estas cuestiones “por defecto” no solo gracias a un mayor perfeccionamiento del régimen competencial sino también en virtud de una actuación mejorada de los nuevos organismos y agencias que aseguran un efectivo control de las fronteras exteriores de la UE. Ahora bien, esta no ofrece respuestas adecuadas a nuevos retos como la radicalización o reclutamiento de solicitantes de protección internacional y refugiados y que exige, el diseño de un novedoso “marco proactivo o preventivo” que permita afrontar por parte de los Estados miembros imprevistas acciones terroristas o de delitos de especial gravedad.