SUMMARY
Los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a España se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Por esta razón deberían ser sujetos de especial atención por parte de las administraciones públicas. Pero, en la práctica, son frecuentes las situaciones de conflicto entre menores y administraciones encargadas de su protección. La determinación de la edad es uno de los puntos neurálgicos de dicho conflicto, porque la edad, y la barrera constitucional de la mayoría (art. 12 CE) supone que una persona entra dentro del sistema de protección, o queda expuesta a la expulsión en caso de entrada o estancia irregular. La edad, en este contexto, lo es todo. Por eso su determinación es caballo de batalla que enfrenta una posición garantista respecto de la protección del interés superior del niño, y otra que hace primar el interés del control de las fronteras exteriores.