SUMMARY
¿Las lógicas securitarias deben guiar las reformas legislativas que afectan al órgano de investigaciones criminalísticas? ¿Éstas deben afectar también la dirección que ejerce el Ministerio Público sobre la investigación penal? ¿El órgano de investigaciones debe ser considerado como una policía más? O, por el contrario, ¿tiene características propias que le diferencian de la institución policial? ¿La investigación penal debe ser entendida como parte del servicio de policía o como una fase del proceso penal? Del enfoque de las respuestas a estas interrogantes y de la precisión conceptual de los distintos términos empleados en estas áreas dependen importantes decisiones políticas, que pueden contribuir a la construcción del Estado Social de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución, o por el contrario, pueden coadyuvar también al fortalecimiento del Estado de Policía que subyace latente en todos los Estados de Derecho. En este trabajo se intentan hacer estas reflexiones desde el contexto venezolano, analizando críticamente la reciente legislación que ha introducido modificaciones en estas materias.